Reflexiones en torno al Día europeo de las Víctimas del terrorismo (3): “LA AMBIGÜEDAD DE LA DEFINICIÓN”

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PARTE 1 – INTRODUCCIÓN: “LA BANALIDAD DEL MAL”

PARTE 2 – “LA AMBIGÜEDAD DE LAS CONDENAS ”

 

PARTE 3 – “LA AMBIGÜEDAD DE LA DEFINICIÓN”

Para entender verdaderamente el terrorismo y excluirlos de ese marco de banalidad que denunciábamos al principio, no es suficiente llegar a una definición (por cierto, harto difícil), incluso penal, sino enmarcarlo en su verdadera relación -como antes decíamos- de una ontología. Si no lo logramos, nunca entenderemos el terrorismos ni nuca podremos valorar adecuadamente a las víctimas, pues siempre -ya adelantamos- las acabaremos considerando como efectos colaterales de unas dinámicas violentas inherentes a la sociedad.

Pongamos un ejemplo. En un documento de la Fundación Fernando Buesa Bueno, elaborado por Xabier Etxeberria y titulado La tolerancia y la neutralidad del educador ante la violencia terrorista[1], se afirma: “La violencia terrorista sigue los esquemas de la intolerancia preilustrada”. A pesar de la buena intención del documento, el gran error de principio es considerar que el terrorismo es la continuidad -no adecuada- de una forma de violencia anterior a la aparición de la ilustración. Es como si el autor viniera a afirmar que el mal del terrorismo se deriva de ser una anomalía fuera del tiempo que le corresponde, pero justificable antes de la llegada de la Ilustración. Decimos que esta hipótesis es un error, pues defendemos exactamente la contraria. La violencia terrorista es un fenómeno esencialmente fruto de la modernidad política[2]. Más aún es inherente a ella, a la revolución francesa y al fruto de las estructuras políticas derivadas de ella en la historia: sea la democracia burguesa, sean los sistemas totalitarios.

La violencia terrorista es un fenómeno esencialmente fruto de la modernidad política. Más aún es inherente a ella, a la revolución francesa y al fruto de las estructuras políticas derivadas de ella en la historia

Como señala Adela Asua: “El periodo del terror que da nombre a aquellos años de implantación de la revolución francesa durante los cuales el “terror” fue proclamado necesario soporte para el triunfo de la `virtud´” (al igual que ETA lo proclamaba como necesario para alcanzar sus “loables” fines). Esta concepción tuvo su continuidad cuando “Cuando desde finales del XIX la defensa de causa políticas o sociales proclama la necesidad de la “propaganda por el hecho”, del terror como doctrina pedagógica o como instrumento para adelantar el horizonte utópico, la multiplicación de brutales atentados indiscriminados, conduce a que comience a replantearse la figura del delito político[3]. La autora de estas reflexiones recopila la evolución de la definición de “terrorismo” como delito penal[4].

web-spain-eta-terrorists-000_arp1571783-afp.jpgPara una aproximación a la complejidad de definir el concepto terrorismo a un concepto jurídico penal, podemos partir de la definición de Calduch como “estrategia de relación política basada en el uso de la violencia y de la amenaza de la violencia por un grupo organizado, con objeto de inducir un sentimiento de terror o de inseguridad extrema en una colectividad humana no beligerante y facilitar así́ el logro de sus demandas”[5]. Esta definición tiene el problema de acotar los elementos que sustentan la exigencia de responsabilidad individual a la hora de establecer la pena. Si repasamos diferentes códigos penales, iremos descubriendo matices que nos proporcionan sugerentes pistas para la reflexión. En el código penal francés, por ejemplo, se define como: “alterar gravemente el orden público mediante la intimidación o el terror”. En ningún momento se hace referencia al terror como instrumento de alteración de un Estado de Derecho pues el presente se supone ya como inamovible. En el código alemán, la definición es más escueta, pues se refiere a delitos de especial gravedad, pero sin mencionar ninguna concomitancia política[6].

Al contrario, el código penal Portugués es el que con más detalle intenta tipificar el terrorismo, estableciendo su relación con el estado de derecho constituido: “perjudicar la integridad o la independencia nacional, impedir, alterar o subvertir el funcionamiento de las instituciones del Estado previstas en la Constitución, forzar a una autoridad pública a practicar un acto, a abstenerse de practicarlo o a tolerar que se practique, o intimidar a ciertas personas, grupo de personas o a la población en general”, mediante la práctica de determinados crímenes que la ley enumera. Especialmente interesante es la ley antiterrorista británica de 2000, pues supone un modelo mixto en la referencia a las finalidades definitorias del terrorismo. Este queda definido por la “comisión, o amenaza de comisión” de una serie de delitos graves que enumera, siempre que se ejecuten con dos propósitos o finalidades determinadas: a) “influir en el Gobierno, o intimidar a la población o a un sector de la población”, y b) “promover una causa política, religiosa o ideológica”.

la falta de una definición universal de terrorismo entronca con un problema jurídico internacional no resuelto a la hora especialmente de extraditar terroristas o enjuiciar determinados delitos cometidos en terceros países

Hemos realizado esta breve exposición para constatar la falta de una definición universal de terrorismo. Ello entronca con un problema jurídico internacional no resuelto a la hora especialmente de extraditar terroristas o enjuiciar determinados delitos cometidos en terceros países. Todo ello tiene que ver con el complejo concepto de “delito político” al que siempre han pretendido acogerse los terroristas y que inicialmente en los códigos penales modernos concedían ciertos “garantismos” y prevenciones que no tenían los protagonistas de la comisión de otros crímenes[7]. Pero la dificultad jurídica no sólo redunda en establecer la diferencia entre un terrorista y un delito político, sino en establecer quién tiene la legitimidad para establecer quién ejerce una violencia terrorista. Esta dificultad y paradoja se expresa en un documento aprobado en el Parlamento Europeo el 5 de septiembre de 2001, pocos días antes del fatídico atentado del 11 de septiembre. En él se puede leer: “Considerando que, en la Unión Europea los actos terroristas se tienen que considerar delitos que, en un Estado de derecho, pretenden modificar estructuras políticas, sociales y medioambientales con la amenaza, concretamente, de la violencia o con el recurso a la misma, lo que lo distinguen de los actos de resistencia en países terceros contra estructuras estatales que revisten una dimensión terrorista”[8].

externo-1da270fd125d2e622cba4ca61aea58c3.jpgEste texto manifiesta una evolución en el derecho penal en el que se tiende a la minimización del “delito político”, al expresar claramente que: “no hay ideologías u otros motivos que puedan justificar los actos terroristas cometidos en la Unión Europea y que, aunque el móvil aducido sea eminentemente político se deben considerar delitos, e incluso delitos contra la humanidad, que hay que perseguir penalmente”. El Consejo de la Unión Europea aprobó el 13 de junio de 2002 la “Decisión Marco del Consejo de sobre la lucha contra el terrorismo”[9]. Dejando de lado los tecnicismos y con el peligro de vulgarizar el tema, podemos resumir la cuestión jurídica respecto al terrorismo en los siguientes puntos especialmente delicados: 1) la Unión europea da por buenos y poderes constituidos los Estados actuales que la componen; 2) Se establece como prioridad a la hora de establecer el delito de terrorismo la “lesión grave al país o a la organización internacional” que no a la “población”.

Fenómenos como el GAL o el terrorismo de Estado, impiden definir el terrorismo como algo ligado simplemente a la subversión de un orden democrático, pues las propias democracias han usado del terrorismo.

Esta evolución del derecho europeo ya fue inicialmente propuesta en la tipificación del delito en el código español al establecerse, tras 1978, el criterio de escindir el concepto de terrorismo de las motivaciones ideológicas o políticas. Así Adela Asua afirma que: “La “despolitización” del terrorismo en los textos legales iniciada en 1978 y continuada en sucesivas leyes especiales de carácter penal y procesal 46, respondía a la voluntad explícita del legislador, conforme a lo acordado en los Pactos de la Moncloa, de eludir cualquier referencia a las finalidades políticas del terrorismo, por varias razones. Por un lado, para alejarse del patrón de las leyes franquistas que atribuían a las ideologías contrarias al régimen el germen terrorista; por otro, la supresión de cualquier vestigio que sugiriera persecución política era condición indispensable para lograr la colaboración de los países vecinos en la persecución del terrorismo domestico”[10]. Ya en 1978, por iniciativa de Óscar Alzaga (UCD) y Peces Barbas (PSOE) se elimina el sentido de designar jurídicamente el terrorismo por razón de las finalidades o proyectos políticos en los que se inspire[11].

gals.jpgLa única finalidad que sobrevivió se recoge en el código penal de 1995 en su referencia a “subvertir el orden constitucional”. Ya en reiterada jurisprudencia, que remite a la STC 199/1987 de 16 de diciembre, se definen los grupos terroristas como aquellos que “por el uso de armamento que poseen o por la clase de delitos que cometen, causen inseguridad a la población, con tal intensidad, que pueda considerarse que se impide el normal ejercicio de los derechos fundamentales propios de la ordinaria y habitual convivencia ciudadana, lo que constituye uno de los presupuestos del orden político y de la paz social; en consecuencia se consideran actos terroristas aquellos que suponen “en su intención o en su resultado, un ataque directo a la sociedad y al propio Estado social y democrático de Derecho”.

“La “despolitización” del terrorismo en los textos legales iniciada en 1978 y continuada en sucesivas leyes especiales de carácter penal y procesal 46, respondía a la voluntad explícita del legislador, conforme a lo acordado en los Pactos de la Moncloa, de eludir cualquier referencia a las finalidades políticas del terrorismo,

El problema se produjo con motivo del enjuiciamiento a los fundadores de los “Grupos antiterroristas de liberación” (Gal). El tenor legal no exigía constatación de finalidad política o de subversión democrática, pero ésta venía señalada como requisito subjetivo en la construcción jurisprudencial del concepto de terrorismo; apelando a este elemento la Audiencia Nacional argumenta la negativa a tipificar los hechos como terrorismo en que “no se advierte que los procesados pretendieran destruir el orden democrático ni a sustituir la forma de gobierno […] sino a mantener la estabilidad del sistema si bien por métodos repudiables […]” (S. AN 20.9.1991, n. 30/1991). La réplica se produjo desde la propia jurisprudencia, que manifiesta especial interés en rechazar la anterior interpretación: “No cabe distinguir entre “terrorismos” y dar pábulo a una eventual benevolencia de trato a fines supuestamente “justicieros”, por lo que es absolutamente inadmisible y por ello esta Sala subraya con toda energía que tanto atenta contra el Estado democrático de derecho una como otra forma de terrorismo […] desestabiliza con la misma intensidad el sistema la comisión seriada de atentados y crímenes encaminados a sembrar el terror, como los actos que tratan de enviar un mensaje de insuficiencia de medios legales para evitar aquéllos“ (STS 25.1.1993 n. 33/1993 y STS 14.12.1993 n. 2838/1993)78.

Fenómenos como el GAL o el terrorismo de Estado, impiden definir el terrorismo como algo ligado simplemente a la subversión de un orden democrático, pues las propias democracias han usado del terrorismo.

Javier Barraycoa

NOTAS

[1] Este esquemático documento es un intento de crear una estructura conceptual en la que se ensalza la tolerancia democrática para contraponerla a la intolerancia terrorista. Sin embargo, la argumentación ya está viciada desde el comienzo al partir de un esquema del progreso temporal asociado al progreso moral que no se corresponde a la realidad.

[2] Una recopilación de las sucesivas formas de terrorismo desde finales del XVIII hasta ahora, desde una perspectiva internacional, en Hoffmann, B., A mano armada. Historia del terrorismo, trad. Morán, C., Madrid, 1999.

[3] Adela Asua Batarrita, “Concepto jurídico de terrorismo y elementos subjetivos de finalidad. fines políticos últimos y fines de terror instrumental”, en: Echano Basaldua, J. (coord.), Estudios Jurídicos en memoria de José́ María Lidón, Universidad de Deusto, Bilbao, 2002, págs. 41–85.

[4] Cf. También Lamarca, C. Definición jurídica de terrorismo, Madrid, 1984.

[5] CALDUCH, R. “Una revisión crítica del terrorismo a finales del siglo XX” en REINARES, F. (ed. ) State and societal reactions to terrorism, Oñati 1997, p. 12.

[6] Los delitos a que se refiere son: 1. asesinato, homicidio o genocidio; 2- delitos contra la libertad (secuestro y toma de rehenes); 3. incendios, estragos, secuestro de aeronaves o naves.

[7] Cf. Adela Asua Batarrita, op. cit., págs. 9 y ss.

[8] Texto aprobado por el Parlamento el 5 de septiembre de 2001 como Recomendación del Parlamento Europeo sobre el papel de la Unión en la lucha contra el terrorismo (2001/2016 (INI)), publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 72 /E, de 21. 3. 2002, pp. 135-141.

[9] Por primera vez se presenta, con carácter vinculante, una definición jurídica de terrorismo que los estados miembros deberán incorporar a sus respetivos ordenamientos penales.

[10] Adela Asua Batarrita, op. cit., p. 22.

[11] Se marcaba la distancia de esta manera con aquellas fórmulas que describían el terrorismo por su finalidad de atentar “contra la seguridad del Estado o contra el orden público, contra la unidad nacional y el orden institucional” (Art. 260 del c. p. de 1944, conforme a la modificación introducida en 1971,( Ley 44/1971 de 15 de noviembre) que expresamente añade a la anterior redacción la finalidad de “atentar contra la unidad nacional y el orden institucional”), o que dispensaban el mismo tratamiento punitivo a “grupos y organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y aquellos otros que preconicen o empleen la violencia como instrumento de acción política o social”, a la vez que castigaban la apología “encubierta o implícita de tales ideologías o de la acción violenta” (Como establecían los arts. 4 y 10 del DL 10/1975 de 26 de agosto “sobre prevención del terrorismo”. La apología de delitos, no ya de ideologías, sigue incriminándose tanto respecto a delitos de terrorismo como a delitos de rebelión y sedición).

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