El separatismo no habría tenido excusa de salir del armario, si el Tribunal Constitucional no hubiera dejado podrir el tema del Estatuto de Autonomía pergeñado por el tripartito de Pascual Maragall. Y este no hubiera sido un asunto de Estado si el argumentario nacionalista no se fundamentara en una razón palmaria: por qué prohibir hablar de nacionalidad catalana en el Estatuto, si esta palabreja aparece en la Constitución del 78 en referencia a la composición territorial del Estado español. Ello nos demuestra que las palabras sí tienen consecuencias y, a veces, estas pueden ser tristemente inesperadas. Ciertas expresiones y ambigüedades del actual texto constitucional son como troyanos que esperan activarse en un momento dado, para bloquear la propia arquitectónica constitucional. Ahí va un brevísimo relato de cómo el independentismo se coló en la Constitución del 78 y sigue legitimado ahí.

Cuando se discutía el texto constitucional, la referencia a “España” y a los territorios que la integran (artículo 2º del texto constitucional) generó un debate entre las fuerzas políticas que implicaba directamente a los conceptos de nación, nacionalidad y región. La disputa giraba en torno a si debía hacerse referencia o no a la expresión “nacionalidad” referida a las regiones “históricas”. El misterio de por qué había que distinguir regiones “históricas” de las no histórica parece un misterio; como si Asturias o Extremadura se hubieran ausentado de la historia. Pero el enigma tiene fácil solución. Se consideraban regiones históricas o nacionalidades aquellas que en tiempos de la II república tenían un Estatuto de Autonomía (Cataluña, Euskalherría y Galicia).

La disputa giraba en torno a si debía hacerse referencia o no a la expresión “nacionalidad” referida a las regiones “históricas”.

Era evidente que lo que subyacía, al discutirse si el término “nacionalidad” como sinónimo de región debía entrar o no el articulado de la Constitución, era el modelo de organización territorial del Estado. A la par, se estaba dejando tácitamente una bomba de relojería que tarde o temprano estallaría. El reconocimiento de las “nacionalidades históricas” ligan la Constitución española con la República, aunque formalmente es la continuidad legal del franquismo. No en vano, a la Constitución española se le llamó despectivamente la octava ley fundamental del Movimiento. En igual contradicción incurrió Suárez al restaurar la Generalitat, cuya legalidad provenía de la II República aunque podía convivir en la recién estrenada Monarquía constitucional derivada del franquismo.

Ante la controversia sobre las posibles denominaciones regionales, los senadores reales se dividieron en dos posiciones muy distanciadas entre sí. Para unos los términos nación y nacionalidad eran sinónimos de fuente de soberanía y produciría una flagrante contradicción en el texto constitucional si aparecían juntos. Otros senadores, defendieron la distinción entre la “nación política” (Nación) y la “nación cultural” (nacionalidades) para justificar el simultáneo reconocimiento constitucional de una nación española y de distintas nacionalidades o regiones en su seno.

El reconocimiento de las “nacionalidades históricas” ligan la Constitución española con la República, aunque formalmente es la continuidad legal del franquismo.

El franquismo reciclado

Los sectores más conservadores insistían en la eliminación de la alusión, en el artículo 2º de la futura Constitución, a unas “nacionalidades” diferentes y distinguidas de la “nación española”. Un militar como Marcial Gamboa Sánchez-Barcáiztegui argumentaba que nacionalidad era una expresión ambigua y reconocer en el texto constitucional nacionalidades, podría derivar en reconocer implícitamente diferentes soberanías. De ello también avisaron intelectuales como Julián Marías. Desde posiciones más “avanzadas” se planteó que el término “nacionalidad” era inocuo pues vendría a significar: “nación subordinada o subnación o parte de nación” (Cortes Generales, Constitución de 1978, Trabajos Parlamentarios, t. III y IV).

Paradójicamente fue uno de los más conocidos falangistas reciclado en centrista, Landelino Lavilla, quien apostó por incluir –con ciertas observaciones- el término nacionalidades. En su intervención ante la comisión constitucional del Congreso de los Diputados de 9 de mayo de 1978, declaró: “[…] la utilización del término nacionalidades […] desde el punto de vista del Gobierno y de la responsabilidad que supone en una visión dinámica de la historia y de la política solo es aceptable como expresión de identidades históricas y culturales que, para hacer auténticamente viable la organización racional del Estado, han de ser reconocidas y respetadas incluso en la propia dimensión política que les corresponde, en la fecunda y superior unidad de España”. Este exmiembro del búnker franquista no hablaba por sí mismo, sino que exponía la línea oficialista que había adoptado la UCD. Así se demostró con las intervenciones, en el mismo sentido, de los centristas Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Rafael Arias-Salgado y por el senador Luis González Seara, abogando por disociar el concepto “nacionalidades” de “nación” o de “Estado”.

Como la propuesta venía de conocidos sectores franquistas reciclados en demócratas, otros sectores más duros del franquismo (igualmente reciclados) acabaron aceptando la inclusión del término “nacionalidades” en la Constitución.

Como la propuesta venía de conocidos sectores franquistas reciclados en demócratas, otros sectores más duros del franquismo (igualmente reciclados) acabaron aceptando la inclusión del término “nacionalidades” en la Constitución. Además, la alternativa propuesta en el otro extremo era un modelo territorial federal. Esta fue defendida por el popularísimo senador catalanista Lluís Maria Xirinacs (el senador más votado jamás en las elecciones democráticas). Adelantándose a lo que ha venido después, exigía que en la Constitución se reconociera el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ello evidentemente puso de los nervios a los más conservadores.

La insistencia de los hombres de la UCD de que hablar de nacionalidades era una mera distinción semántica sin implicaciones políticas y que liquidaría la discusión sobre estructura territorial de España debía ser o no un estado federal, acabó siendo aceptada por los más “reaccionarios”. Nacía así el “consenso”, que consistía en un trágala que una parte del franquismo reciclado le hacía pasar a otra parte del franquismo reciclado, gracias a la presión de la izquierda. Los sectores centristas estaban más que convencidos que con esta cesión “semántica” en el texto constitucional tendrían contentos y satisfechos ab aeternum a los nacionalistas.

Nacía así el “consenso”, que consistía en un trágala que una parte del franquismo reciclado le hacía pasar a otra parte del franquismo reciclado

Los padres de la Constitución

El posicionamiento de “consenso” de la UCD le permitía alejarse del acomplejamiento de ser acusados y fue felizmente recibid por representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como Gregorio Peces-Barba o José María Benegas y del nacionalismo catalán, como Miquel Roca, encantados de que en los debates se diferenciaran los conceptos de “nación-Estado” y “naciones sin Estado” o “nacionalidades”, asumiendo la posibilidad de su coexistencia. Todos los debates y “consensos” acabaron como ya sabemos con esta redacción definitiva del artículo 2º de la Constitución: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Pocos eran conscientes del troyano que se había colado en la Constitución española. O si eran conscientes no estuvieron dispuestos a librar una batalla política que durara demasiado tiempo. La Constitución española debía ser aprobada sí o sí y cuanto antes. No podía permitirse un tiempo de alegalidad que pusiera en peligro demasiadas poltronas, ni que los sectores más radicales se apoderaran de las calles. De ahí que el texto constitucional pareciera más un remiendo que no un texto coherente, redacta por los padres de la Constitución en tiempo récord, sin expertos ni técnicos e incapaces de dilucidar las problemáticas posteriores.

La Constitución, al nacer, fue engendrada con varios virus troyanos, algunos emergieron pronto y otros han estado latentes hasta que se han evidenciado.

Aún no se había inventado el cortar y pegar del Word, pero en la Constitución española encontramos trozos literalmente copiados de otras Constituciones europeas. Así, el ahora famoso artículo 155 está inspirado, por no decir plagiado palabra a palabra del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn (la Constitución alemana). Por eso, ¿cómo aplicar en la España del siglo XXI y artículo Constitucional pensado para la Alemania de la posguerra? La Constitución, al nacer, fue engendrada con varios virus troyanos, algunos emergieron pronto y otros han estado latentes hasta que se han evidenciado. Estos últimos son los más potentes y que llevarán a un desmoronamiento –que algunos llamarán reforma- de la actual arquitectónica legal.

Javier Barraycoa